La
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA), que jefatura
la doctora Ana María Aranda Rodríguez, confirmó la medida cautelar de
suspensión preventiva en el cargo, impuesta a ocho magistrados y servidores del
Poder Judicial. La referida medida es aplicable con la finalidad de evitar la
continuación o repetición de hechos similares al que es materia de
investigación, o el mantenimiento de los daños que se hayan ocasionado a la
Administración de Justicia.
En
el caso del magistrado Carlos Ernesto Lazo Gutiérrez, Juez del Juzgado Penal
Unipersonal y Mixto de la Provincia de Cutervo de la Corte Superior de
Lambayeque, se le atribuye que habría vulnerado el debido proceso al avocarse a
un proceso judicial sin tener competencia territorial. En cuanto al magistrado
Sebastián Granados Reyes, Juez del Juzgado de Paz Letrado de Paramonga de la
Corte de Huaura, se le imputa que habría permitido el ingreso al Juzgado de
personas ajenas a la labor jurisdiccional e incumplimiento del deber de motivación
al rechazar una demanda de alimentos. En el cuanto al servidor William Dionicio
Paredes Vásquez, Secretario Judicial del Juzgado Civil de Pacasmayo de la Corte
de La Libertad, se le atribuye que habría efectuado requerimiento de dinero
para favorecer a un litigante en el resultado de un expediente que se
encontraba a su cargo.
Asimismo,
la OCMA confirmó la medida cautelar de suspensión preventiva, impuesta a los
magistrados Óscar Rómulo Tenorio Torres, Juez del 3º Juzgado Civil de la Corte
de Lambayeque y Modesto Rosales Hinostroza, Juez de Paz de la Comunidad
Campesina de Tarmatambo, de la Corte Superior de Junín. El primero se habría
avocado indebidamente a un proceso y dictado una medida cautelar de no innovar
careciendo de competencia. En cuanto al segundo de los nombrados, habría
efectuado patrocinio y cobros indebidos en la tramitación de los procesos
judiciales a su cargo.
En
el caso de los servidores Mary Cornejo Garay y Samuel del Castillo Román,
asistente de notificaciones y secretario judicial, respectivamente, del 4º
Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores de la Corte Superior de Lima;
así como en el caso del servidor Albino Mendoza Balvin, secretario judicial del
8º Juzgado de Paz Letrado de la misma Corte Superior, el cargo que se les
atribuye está referido -entre otros- a que presuntamente habrían establecido
relaciones extraprocesales con una de las partes del proceso judicial que viene
tramitándose en el mismo Juzgado en que prestan servicios.
La
doctora Aranda Rodríguez, expresó: “…uno de los pilares de la Administración de
Justicia lo constituye la probidad con que debe conducirse todo magistrado y
servidor del Poder Judicial, así como la imparcialidad que debe regir todas las
actuaciones procesales, si algún magistrado o auxiliar judicial infringiera
tales preceptos, la OCMA aplicará las medidas correctivas correspondientes e
impondrá en su oportunidad la sanción más drástica de comprobarse la comisión
de inconducta funcional”.
